La Guardia Civil detiene a dos personas por una oleada de robos en Los Palacios
La Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de ellas menor de edad, por su presunta relación con una cadena de robos de vehículos y establecimientos hosteleros en Los Palacios y Villafranca. Los investigadores vinculan a los arrestados, hasta el momento, con 22 delitos de robo de vehículos y no descartan nuevas detenciones.
La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios, comenzó después de detectar un aumento significativo de la sustracción de vehículos en la localidad durante los últimos meses. Los agentes sospecharon que los responsables podían estar asentados en Los Palacios y relacionaron estos robos con varios delitos contra el patrimonio cometidos en establecimientos hosteleros.
Según la Guardia Civil, el grupo actuaba con un modus operandi definido: sustraía vehículos utilizando un dispositivo específico para descodificar sus sistemas de arranque después de acceder a ellos mediante fuerza. Posteriormente, los automóviles eran empleados para cometer robos mediante alunizajes y abandonados y calcinados en zonas aisladas tras la huida.
El refuerzo de las vigilancias permitió a los agentes identificar a los dos supuestos autores durante un robo en un bar de Los Palacios. Ambos intentaron escapar al verse sorprendidos, aunque uno de ellos, de 19 años, fue detenido en ese momento. Días después, los investigadores localizaron y detuvieron a la segunda persona, menor de edad.
La operación ha permitido recuperar hasta ahora tres vehículos sustraídos pocas horas antes de los robos. En el maletero de uno de ellos los agentes encontraron además una máquina recreativa que había sido sustraída del establecimiento.
La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones, ya que los indicios apuntan a la posible participación de más personas. Por el momento, los dos detenidos están relacionados con un total de 22 delitos de robo de vehículos y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de delitos contra el patrimonio.